Es evidente que Venezuela se encuentra al borde de una explosión social debido al fracaso del modelo chavista, que se evidencia en la mayor inflación del mundo, extrema escasez, maxi devaluación del bolívar, pobreza creciente y un desbordamiento incontrolable del crimen, entre otros muchos males.

La próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre constituyen la última oportunidad para superar esta grave crisis sin que se desborde la violencia, siempre y cuando el Régimen respete la voluntad real de los electores. Los resultados deberán expresar el mismo deseo de cambio que reflejan las encuestas, a estas alturas una matriz de opinión ya consolidada, que le atribuyen al Gobierno un 80% de rechazo.

No obstante, aprovechándose de un dominio sobre todos los poderes públicos, el Régimen prepara un mega fraude que ya se ha puesto en movimiento. Ejemplo de ello es la alteración de los circuitos electorales, la inhabilitación de candidatos, la negativa a aceptar observadores internacionales imparciales, la ubicación de mesas electorales en lugares de imposible acceso a la oposición, el control de los medios de comunicación, el uso de los recursos del estado para sus fines electorales y un sinfín de irregularidades mas.

En pasadas elecciones -las presidenciales del 2013, por ejemplo– el fraude funcionó, hecho que fue denunciado por el candidato de la oposición, pero nada lo pudo impedir. Ahora la situación es diferente. A causa del colapso total del país, el pueblo está molesto, cansado de hacer colas humillantes, harto de ser reprimido y vejado. La gente está indignada al ver que sus ingresos no le alcanzan, mientras ostensiblemente los jerarcas del Régimen viven como reyes luego de haber saqueado las riquezas de la nación. Todo eso hace presumir que la explosión social está a la vuelta de la esquina.

Por eso, si el próximo 6 de diciembre el CNE no anuncia una victoria aplastante de la oposición, se agotará la paciencia del pueblo y la indignación por tanto tiempo reprimida se traducirá en un estallido de frustración, anarquía y violencia. Lo que todos tememos y queremos evitar.

Ante este panorama, las Fuerzas Armadas Nacionales están obligadas a entender la real magnitud de la crisis, y por ende cumplir con su responsabilidad constitucional e histórica, de hacer respetar el verdadero sentir nacional expresado mediante el voto, así esto signifique emplazar al Gobierno. Y eso hay que hacerlo desde ahora, confrontando a los jerarcas del PSUV y al CNE, para que acepten y acaten la voluntad de los electores. De no hacerlo, las Fuerzas Armadas corren el riesgo de ser arrastrados por las circunstancias y podrían terminar usando las armas para contener una explosión social.

Exijan desde ahora al Gobierno obedecer la Constitución y la voluntad popular. Es el momento de reivindicarse y desmarcarse de la Dictadura, una de cuyas primeras víctimas  ha sido la institución militar. Un segundo 23 de enero es no solo posible sino deseable.‎