Desde hace meses, Venezuela Soberana viene insistiendo en que no existe una salida electoral a la grave crisis nacional y que, para lograr un cambio de gobierno, se requiere necesariamente de la colaboración de las Fuerzas Armadas.

En nuestra humilde opinión, finalmente ya están dadas las condiciones para una intervención castrense.

Ha sido un camino largo y difícil para llegar a este punto, porque los dirigentes de oposición han hecho todo lo posible por cerrarle el paso a la participación de las Fuerzas Armadas en la restitución del hilo constitucional; unos porque son cómplices del oficialismo y otros porque temen que un gobierno cívico-militar de transición los mantendrá alejados del poder.

Además, dentro de la oposición ha existido una incomprensión crónica sobre la naturaleza totalitaria del enemigo y sobre la conspiración internacional que está detrás del proyecto chavista. El botín venezolano ha sido demasiado apetitoso para esos factores internacionales, que durante quince años han venido esquilmando miserablemente a nuestro pueblo, con la complicidad de Chávez y de Maduro.

Las puertas de un pronunciamiento castrense se abrieron el pasado 14 de abril en la noche, cuando Henrique Capriles gritó «fraude», y confesó indirectamente que en Venezuela no hay salida electoral, aunque ahora llame a votar el 8D.

Pese a que desde hace años era evidente la podredumbre del CNE, los dirigentes de la MUD -y antes de la Coordinadora Democrática- seguían avalando públicamente a ese ente electoral. Pero gracias a varios factores, que incluyen la labor técnica de ESDATA, la presión de 400 parlamentarios latinoamericanos, y el clamor de los electores, Capriles se vio obligado a reconocer que lo habían robado.

La actuación militar de carácter constitucional que se avecina tiene dos aspectos por definir: el cómo y el cuándo. Respecto al primer punto, lo razonable e inteligente es que no se produzca un «cuartelazo», con derramamiento de sangre; sino un «pronunciamiento», que obligue a Maduro a renunciar, por el asunto de su doble nacionalidad. Pero eso no dependerá de las Fuerzas Armadas, sino de la resistencia que ofrezcan los cubanos, quienes son los verdaderos amos de Maduro.

Respecto al segundo aspecto, tampoco depende de los militares, sino del deterioro de los factores económicos y sociales. Mientras más se agudicen la inflación, el desabastecimiento, la devaluación, la inseguridad, y los apagones; más pronto tendrán que intervenir los militares; porque el peor escenario para ellos -y para el país- es actuar en medio de una explosión social, que evidentemente está ya en puertas.

Queremos aclarar lo siguiente: la salida de Maduro no significa necesariamente el fin del régimen chavista, pero sí de la dominación cubana. Es posible que Maduro y los civiles comunistas que lo acompañan, sean sustituidos temporalmente por militares del 4F, pero al menos éstos no seguirán órdenes de La Habana. Afirmamos que temporalmente porque, en nuestra opinión, también ellos serían desplazados en el corto plazo por una junta cívico-militar de transición, compuesta por hombres y mujeres honorables, sin pasado chavista. Entraríamos en otra fase de la lucha, más manejable, hasta que en un futuro cercano recuperemos finalmente la democracia y las libertades; pero eso es harina de otro costal.

Para finalizar, queremos referirnos al «día después». Es de vital de importancia que un equipo de profesionales estudie desde ahora los pasos que deberán seguirse para garantizar la estabilidad de un gobierno cívico-militar provisional.

Hay algunos aspectos obvios que deben considerarse desde ahora, porque será mucho más difícil pensar en ellos cuando se produzca la crisis de la transición; entre los que destacan: ¿Cómo neutralizar a los factores internacionales que querrán reinstalar a Maduro (u otro clon cubano) en el poder? ¿Cómo estabilizar la moneda, frenar la inflación y asegurar el abastecimiento? ¿Cómo manejar las obligaciones y deudas internacionales adquiridas ilegalmente por el régimen chavista? ¿Cómo acabar con los grupos paramilitares armados y reducir los índices de inseguridad?  ¿Cómo restablecer la institucionalidad y la independencia de los poderes públicos, particularmente del Poder Judicial? ¿Cómo recuperar los dineros robados a la nación?

Este equipo de profesionales debe conformarse cuanto antes, porque el desenlace se acerca más rápido de lo que se puede suponer.