El pueblo venezolano cansado ya de seguir quimeras de encantadores de serpientes y prestidigitadores, de políticos carentes de escrúpulos, de ser conducidos como borregos hacia un sistema dictatorial, agotada su paciencia, está recurriendo a sus fibras republicanas, democráticas y de libertad, para organizarse y combatir contra los causantes de sus infortunios: el régimen imperante, los partidos políticos que se dicen defensores del pueblo pero que andan de espaldas a sus electores, en componendas y agendas ocultas, desuniendo y bloqueando las acciones de la Asamblea Nacional, y de políticos cuyos intereses manifiestos van solo en búsqueda del poder. Pudiera parecer la lucha de David contra Goliat, pero al final los va a superar, dejándolos de lado.

Triunfarán los nuevos liderazgos, libres de mácula y resabios, rectos, con conciencia moral y ética del papel que les toca representar en la historia actual, guiando a este bravo pueblo venezolano en la cruzada por el rescate de la democracia y la libertad.

El 6 de Diciembre de 2015 se produjo en Venezuela la revolución más grande de su historia republicana. El pueblo venezolano acudió mayoritariamente, en acto cívico, completa paz y orden ciudadano, y ejerció su soberanía, mediante el voto directo y secreto, para escoger sus representantes en el órgano legislativo del Poder Público. Dando por resultado que la inmensa mayoría de los diputados electos son de sentir democrático. Dejando por primera vez en “escuálida” minoría  a la representación del régimen imperante en los últimos diecisiete (17) años.

Con esta decisión el pueblo venezolano dejó un claro mandato al país, a la representación democrática en el parlamento y a toda la dirigencia política: El inminente restablecimiento de la institucionalidad democrática, ante el avance avasallante del régimen, en subversión destructiva de la democracia, haciendo uso indiscriminado y sesgado de los mecanismos que ésta le provee, y con la complicidad, por acción u omisión, de los restantes órganos del Poder Público, para el logro de su “objetivo capital”  de:

 “Demoler el Estado Democrático Constitucional de Derecho y de Justicia, Federal descentralizado, y el sistema político democrático representativo y su concomitante funcional natural e infaltable, el sistema socio económico de libre competencia, libre iniciativa privada, libre empresa, libre mercado, libre concurrencia y propiedad privada y/o múltiple de los medios de producción,  planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta, para transformarlo en un Estado denominado Popular, sustentado sobre el Poder Popular, que configura un “Estado Socialista”, inexistente en la Constitución Nacional. Caracterizado por el avasallamiento de todos los Órganos que ejercen el Poder Público, genuflexos  ante el Poder Ejecutivo, y la subordinación de todas las instituciones del Órgano del Poder Ejecutivo al Poder Militar, militarista totalitario, de corte castro – comunista, dictatorial, forajido, corrupto, autocrático, policial. Centralizado en la propiedad estatal de todos los medios de producción y/o su destrucción, negador de libertades. A imagen y semejanza del existente en Cuba, donde los hermanos Castro han sojuzgado al pueblo durante más de media centuria, y a quienes el régimen imperante en Venezuela obedece ciega e incondicionalmente”.

El restablecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado Constitucional de Derecho y de Justicia, como mandato imperativo que le confirió el pueblo a la Asamblea Nacional en forma ineludible y urgente, pasa entre otros, por los siguientes pasos:

• Dejar sin efecto el acto de juramentación ante la Asamblea Nacional, de fecha 19 de Abril de 2013, mediante el cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros asumió la Presidencia de la República, y visto que no ha cumplido con demostrar la carga de la prueba, de documentar fehacientemente su nacionalidad venezolana por nacimiento y la no existencia de otra nacionalidad distinta a esta, y en consecuencia, declarar su falta absoluta al cargo de presidente de la República. A renglón seguido, declarar abierto el procedimiento establecido en el Artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la sucesión presidencial cuando se produce la falta absoluta del cargo.
• La revocatoria de la inconstitucional “designación” efectuada por la Asamblea moribunda de dichos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en Diciembre de 2014 como en Diciembre de 2015.
• El desconocimiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máxima autoridad jurisdiccional constitucional. Lo que significa que no la acate como legítima autoridad y le niegue como órgano del poder público constituido. Por haberse erigido de hecho en un super – poder por encima de la propia soberanía del pueblo, del cual emana y al cual está sometido, y por haber utilizado sesgadamente su poder y condición de máximo y último interprete de la  Constitución Nacional, para manipularla y ajustarla a sus propias interpretaciones y criterios. Contrariando los valores, principios y garantías democráticas, violentando el texto mismo y la integridad de la Constitución, y del Estado de Derecho y de Justicia al cual está llamada a garantizar.

Evidenciando con su proceder, su clara voluntad de eliminar la autonomía de los poderes, para concentrar todo el poder público en el Gobierno como órgano del Poder Ejecutivo y en manos del Presidente de la República. En lugar de dirimir las controversias constitucionales que se han suscitado entre los Órganos del Poder Público, ella misma ha provocado una desavenencia inconstitucional con la Asamblea Nacional y una discordia irresoluble entre los poderes públicos. Con el objeto de que el chavismo mantenga intacta toda su arbitraria hegemonía en el ejercicio del poder político en Venezuela y para permitir que el Ejecutivo Nacional continúe con su proyecto político que denomina la construcción del “Estado socialista”, que es un concepto que no aparece en ninguna parte de la Constitución.

• Anule los actos de la anterior Asamblea en cuanto a la elección, sin cumplir con lo pautado en la constitución y las leyes, de los titulares del Poder Ciudadano, Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo. De igual manera, la designación de los Directores del Consejo Nacional Electoral, y proceda a la nueva elección popular de los titulares de esos Poderes Públicos, por la propia Asamblea actuando como Elector de segundo grado con el voto de la mayoría calificada como lo exige la constitución.
• e inicie los procesos de averiguación administrativa contra todos y cada uno de los miembros del Directorio del CNE que con su negligencia al incumplir el mandato constitucional de verificar los recaudos para ser presidente de la República, ocasionó el desempeño en fraude y usurpación del cargo de Nicolás Maduro Moros.

Distinguidos ciudadanos de conocida actuación democrática incuestionable, de respetabilidad y condiciones morales y éticas, han hecho del dominio público por todos los medios comunicacionales a su alcance, las inconstitucionales designaciones de algunos de los miembros de los Órganos del Poder Público, y las razones, procedimientos legales y constitucionalidad de las acciones, antes enumeradas, para el restablecimiento de la continuidad democrática. Oportunos han sido los planteamientos de, entre otros, la Magistrada Emérita Blanca Rosa Mármol de León, el Dr. Enrique Aristeguieta Gramcko, Dr. Jesús Petit Da Costa, y Lic. Nitu Pérez Osuna, el Dr. Román Duque Corredor, Dr. José Amando Mejía Betancourt, el Dr. Allan Brewer- Carías, César Miguel Rondón, así como también diversas personalidades del ámbito militar y civil del país.

Alertas que fueron precedida por la solicitud que hiciesen, en Abril de 2013, los ciudadanos Rafael Montero Revette, Elías Buschzer Cabriles, José María Zaá y Mercedes Contreras, ante el CNE para que publicara las partidas de nacimiento de Nicolás Maduro Moros y Henrique Capriles Radonski, sin que el directorio del CNE se dignara dar contestación al pedimento al cual estaban obligados por Ley, y que posteriormente la Sala Electoral del TSJ, como instancia superior competente, les negara exigirle al CNE diera contestación al pedimento antes mencionado. Declarándose, esa Sala Electoral, “incompetente” para conocer de la solicitud de estos venezolanos y le remitiese el caso a la Sala Constitucional del TSJ, para que esa sala Constitucional en lugar de reclamarle a la SE del TSJ su evasión de competencia en el caso, diera al traste con la demanda de información, al declarar improcedente el pedimento de los ciudadanos mencionados, y no se pronunciase sobre el fondo del argumento esgrimido por la SE, para zafarse del problema que le causaría al régimen de obligar al Directorio del CNE de dar respuesta a la solicitud de los ciudadanos, bajo el argumento manido que “del pedimento subyacía objetar la legalidad de Maduro”. Cuando quedaba claramente establecido que no era ese el objeto del pedimento hecho por dichos ciudadanos.

Ese adefesio de sentencia de la Sala Constitucional del TSJ no fue una derrota. Por el contrario, se transformó e un rotundo triunfo, inobjetable y revelador. Basta leer con detenimiento la decisión, para evidenciar que no deja duda alguna sobre la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros para ostentar el cargo de Presidente Constitucional de la República de Venezuela, al permitirle al Directorio del Consejo Nacional Electoral incumplir el mandato constitucional de dar respuesta oportuna y adecuada (Artículo 51 constitucional), e informar oficialmente a la comunidad nacional la consignación ante ese organismo de la Partida de Nacimiento de Henrique Capriles Radonski y Nicolás Maduro Moros, para cumplir con el más importante requisito para ser considerado candidato presidencial. Por el sencillo hecho que tales documentos nunca existieron en los archivos de ese organismo electoral, porque no fueron exigidos. Tal como lo reconoció recientemente, la presidenta para ese entonces y también hoy del CNE, Tibisay Lucena.

Huelga decir que no se comprobó la nacionalidad de cada uno de ellos como lo demanda la Constitución Nacional, el Directorio en pleno del consejo Nacional Electoral fue negligente. Por lo que, ante la ausencia del Estado de Derecho y de Justicia, y en base a ésta “decisión jurisprudencial” de la Sala Constitucional del TSJ, no le queda al pueblo venezolano otro camino, que asumir la carga de la prueba sobre la verdadera nacionalidad de Nicolás Maduro Moros, y por lo tanto, a partir de ese momento, reconocer su origen presidencial como ilegítimo, y a él como impostor y usurpador en el ejercicio del cargo, no generando su actuación efectos jurídicamente válidos.

¿Qué se ha hecho al respecto?

Han transcurrido cuatro (4) meses desde que se instaló la Asamblea Nacional, y su accionar sobre los particulares mencionados es como sigue:

La Directiva de la Asamblea Nacional, ante las solicitudes hechas a por reconocidos ciudadanos, envió misiva a Nicolás Maduro Moros, solicitándole “preste la debida cooperación para disipar las inquietudes que han surgido en amplios sectores de la colectividad venezolana… que su persona no reúne las condiciones constitucionales para el ejercicio de su cargo… solicitar que facilite a este órgano plural y representativo su partida de nacimiento y la documentación donde se compruebe que no posee doble nacionalidad… requerimos nos suministre información relevante sobre circunstancias que descarten que usted no ha adquirido nacionalidad colombiana…”. Sin haberle indicado plazo para el suministro de la información solicitada.

Es un hecho público, notorio y comunicacional, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de aquel entonces y del actual, Tibisay Lucena, afirmó contar con la Partida de Nacimiento de Nicolás Maduro Moros, para después confesar, que el CNE no les exigió la Partida de Nacimiento, sino que presentaron solo la Cédula de Identidad, y además afirmar tajantemente, que éste es el documento legal necesario para ello, reflejando crasa y maliciosa ignorancia de la Ley que debe cumplir y hacer cumplir, y siendo que el CNE es el órgano responsable de mantener el registro público de ciudadanos, y que fácilmente podía haber dado testimonio legal de la nacionalidad venezolana por nacimiento, de todos y cada uno, de los candidatos antes de proclamarlos como tales, y negligentemente no lo hizo, mucho menos verificar que todos y cada uno de los candidatos proclamados como tales, no poseían otra nacionalidad distinta a la venezolana por nacimiento, el Directorio del CNE en pleno, propició la ilegitimidad de origen del actual presidente de la República. Hecho que amerita que a toda la Directiva del CNE, sin excepción, sean objeto de “averiguación administrativa”, y las sanciones legales que el caso amerite por el terrible daño infringido al país.

La situación legal, tal y como la han señalado respetados magistrados y abogados, es que Nicolás Maduro Moros tiene la carga de la prueba de ser ciudadano venezolano por nacimiento y además no tener otra nacionalidad. Que no lo ha comprobado públicamente su condición. Por lo que no queda duda alguna, que la elección de Nicolás Maduro Moros, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y la proclamación del CNE sobre tal condición, no cumplió con lo pautado en le Artículo 227 de la Constitución Nacional.

Ante la de la pretensión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de aprobar la estrategia del Ejecutivo Nacional de controla al Poder Judicial con la finalidad de utilizarlo como instrumento para limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, la mayoría de la Asamblea Nacional rechazó categóricamente la sentencia número 9 del 1 de marzo de 2016 de esa Sala Constitucional.

Declaraciones personales de Ramos Allup el martes 03 de Mayo de 2016: ”No vamos a aceptar ninguna sentencia de la Sala Constitucional que viole la Constitución o que interfiera en las facultades de nuestros derechos expresados en la Ley, así como en la integridad del Reglamento de Interior y de Debate»

Hemos visto como la Directiva de la Asamblea Nacional, único órgano del Poder Público surgido del ejercicio democrático de la voluntad y soberanía del pueblo, y última esperanza para poder lograr, de manera constitucional y pacífica, el restablecimiento del cauce democrático y del Estado Constitucional de Derecho y de Justicia, no ha estado a la altura del mandato imperativo que le dio el pueblo soberanamente, del cual emana su poder.

Ha permitido que los restantes órganos del Poder Público los irrespete, que ministros se nieguen a asistir a las Comisiones Permanentes de la Asamblea para rendir cuenta de sus actuaciones y que se jacten del desacato. Cuando ha actuado contra los ministros por desacato, como es el caso aprobado en la plenaria la Asamblea Nacional, el 28 de abril de 2016, de dar un voto de censura para el ministro para la Alimentación, Rodolfo Clemente  Marco Torres, de conformidad a lo establecido en el artículo 187 numeral 10 de la Constitución, por desacato al parlamento, Nicolás Maduro responde, el 02 de mayo de 2016, con un Decreto Presidencial mediante el cual “restringe y difiere las mociones de censura que pudiera acordar la Asamblea Nacional contra los Ministros y Ministras del Poder Popular (Poder inexistente en la Constitución Nacional) o contra el Vicepresidente Ejecutivo, en las cuales soliciten su remoción…..” Considerado dicho acto como un golpe de estado del presidente de la República contra la Asamblea Nacional por el Dr. Allan Brewer- Carías, que pudiera estar indicando “el fin del poder legislativo”.    

De igual manera, observamos como el partido de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que presume poseer la más alta respaldo de los electores, por la votación alcanzada por Henrique Capriles mediante la tarjeta de ese partido, Primero Justicia, aupado por su presidente, Julio Borges, y por su candidato  presidencial, Henrique Capriles, con el apoyo de otros dirigentes de minúsculos partidos de la Mesa Democrática, guiados solamente por ambiciones burocráticas, se han colocado al margen y a contrapelo del pueblo, y han desestimado la opción más directa y constitucional de remover del cargo a Nicolás Maduro Moros por negarse, correspondiéndole únicamente a él la carga de la prueba, a demostrar su nacionalidad venezolana por nacimiento, ni tener otra nacionalidad distinta a esta, y proponer única y exclusivamente la larga y tortuosa vía del revocatorio del mandato presidencial como camino para lograr un cambio de gobierno. Pretendiendo olvidar que para el pueblo venezolano es inaguantable la desastrosa situación en que se encuentra por la desgracia de mantenerse el régimen, a troche y moche, en su objetivo de destrucción del país. Y se han dado a la tarea de iniciar un proceso de revocatorio del mandato de Nicolás Maduro Moros, que solo contribuye a dar visos de constitucionalidad a este “usurpador”. Pretendiendo ignorar que el mecanismo de revocatorio del mandato de cargos de elección popular, previsto en nuestra Constitución Nacional, se aplica solo a aquellos cargos producto de una elección realizada en cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las leyes, y siendo que ha quedado demostrado que tanto Nicolás Maduro Moro, como Henrique Capriles ni los restantes candidatos presidenciales, dieron pruebas fehacientes de poseer la nacionalidad venezolana por nacimiento, al no consignar ante el CNE la correspondiente Partida de Nacimiento al momento de inscribir sus candidaturas, único documento legal que certifica la nacionalidad venezolana por nacimiento, ni dejar constancia jurada de no poseer otra nacionalidad distinta a ésta. Por tanto, no queda duda alguna que Nicolás Maduro Moros es un impostor, que el ejercicio del cargo que ostenta lo ha hecho como usurpador, y que su actuación desde el momento que se apropió de la presidencia de la República sus actos no genera efectos jurídicamente válidos

Lo más preocupante e incongruente, es que visto lo claro que es para el pueblo esta situación de ilegitimidad de origen de Nicolás Maduro Moros y lo expedito de la vía para su destitución, la falta absoluta del cargo, la bancada democrática de la Asamblea Nacional, no tome la decisión que le impuso el pueblo y que le ha señalado distinguidos juristas.

Por su parte,  la Mesa de la Unidad Democrática, aupada por Primero Justicia y dirigentes de otros partidos integrantes de esa Mesa, se empeñen en desechar esta vía y acepten “pedir permiso” al CNE y seguir las directrices que le señale el Consejo Nacional Electoral, órgano del Poder Electoral, que a todas luces no tiene otro objeto que obstruir el proceso revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro Moros. Que además de darle soporte de “constitucionalidad” a su ilegitimidad de origen, le permite un “segundo aire”, mientras se desmorona la tambaleante unidad de la MUD, se agrave más la insostenible situación económica y financiera del país, el “escuálido PSUV” busque su recuperación, y el régimen amordace más a todos los venezolanos que dependen de las pocas “dádivas” que le ofrece, para que al final, de celebrarse el referendo revocatorio del mandato, le corresponda al Vicepresidente en ejercicio, que designe el gobierno de Cuba, encargarse de la presidencia hasta la finalización del mandato presidencial. No en balde, conocidos leguleyos afines al régimen, han afirmado que actuarán con todo ante las instancias legales para que el revocatorio se celebre después de un año contado a partir de la fecha. Situación que estaría beneficiando a al partido Primero Justicia y a su sempiterno candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, quién no ha parado en su campaña presidencial, y mientras tanto, se mantiene preso a Leopoldo López, y bajo régimen restringido en su hogar, a Antonio Ledezma, que pudieran comprometerle su candidatura.

¿Qué esperanza tiene el pueblo venezolano?

Vista la actitud asumida por los restantes órganos del Poder Público, de oponerse a toda costa a la Asamblea Nacional y obstruir toda acción encaminada al cumplimiento del mandato dado por el pueblo soberano, y los inconvenientes para que los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática acuerden las acciones a seguir, muy poca esperanza le queda al ciudadano de a pié, que sufre a diario la inacción del régimen para resolver los problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas, largas horas perdidas haciendo colas para no obtener nada de lo que requiere, y la escalada de precios, sumado a la inseguridad reinante que le obliga a vivir en toque de queda antes que oscurezca, y ve cada vez más distante la salida de este régimen en sana paz.

Estos hechos demanda del pueblo a la Asamblea Nacional, cumplan de inmediato con el mandato otorgado por el pueblo en ejercicio de su soberanía:

• dejar sin efecto el acto de juramentación ante la Asamblea Nacional, de fecha 19 de Abril de 2013, mediante el cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros asumió la Presidencia de la República, y se proceda en consecuencia;
• anulen los actos de la anterior Asamblea moribunda en cuanto a la elección, sin cumplir con lo pautado en la constitución y las leyes: de la “designación” de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en en Diciembre de 2015 como en Diciembre de 2014; y de los titulares del Poder Ciudadano, Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo. De igual manera, la designación de los Directores del Consejo Nacional Electoral;
• desconozcan la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máxima autoridad jurisdiccional constitucional. Lo que significa que no la acate como legítima autoridad y le niegue como órgano del poder público constituido;
• e inicie los procesos de averiguación administrativa contra todos y cada uno de los miembros del Directorio del CNE que con su negligencia al incumplir el mandato constitucional de verificar los recaudos para ser presidente de la República, ocasionó el desempeño en fraude y usurpación del cargo de Nicolás Maduro Moros.

Es oportuno recordarles a cada uno de los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional, que sus actuaciones en el ejercicio como tales, debe ser personal, a su sola conciencia, en beneficio de los intereses del pueblo y responder ante los electores y electoras, dejando de lado los intereses partidistas que pudieran derivarse de su militancia particular, y del deseo de sus líderes políticos, sobre todo si van en contrapelo de los del pueblo soberano. Pueden estar ustedes con sus actuaciones, una vez más, a espaldas del pueblo, conduciéndolo por otros derroteros, que harán afirmar aún más esta dictadura. Que serán individualmente culpables de haber traicionado la esperanza del pueblo de salir de esta dictadura que los oprime y que el pueblo no se los perdonará.

Sepan también los líderes políticos que accionan dentro de la Mesa de la Unidad y sus minoritarios partidos, por que en su conjunto y en comparación con quienes no hacen actividad militante lo son, que el pueblo les demanda que dejen sus apetencias personales y grupales fuera de la influencia en la actuación de la Asamblea Nacional, y dediquen el esfuerzo de manera consensuada, y unitaria, al rescate del país. Tengan bien presente que tienen a los restantes órganos del Poder Público, monolíticamente unidos, con el apoyo del alto mando militar, y de las hordas civiles armadas, para mantenerse en el poder a toda costa, ante los cargos a los que deberán responder cuando se restituya el Estado de Derecho y de Justicia.

No es el momento para andar en campañas políticas irresponsables para hacerse con la presidencia del país y las gobernaciones, para vivir como burócratas. Es el destino de los venezolanos, nuestros hijos y nietos que está en juego.

¿Cuál es el papel que le debe tocar al sector democrático de las Fuerzas Armadas Nacionales?

No hay duda que muy poco vale la Democracia como el mejor sistema político, y la Constitución Nacional como acuerdo ciudadano para desempeñarse  en democracia, si no existe la independencia de acción y el control entre los diferentes órganos del Poder Público, y si quiénes dirigen estos poderes hasta hoy han dado muestras fehacientes que carecen de los principios morales y éticos para actuar conforme le demanda la Ley. Es por ello que se requiere que quienes tienen el poder de administrar la violencia y la custodia de las armas de la República, las Fuerzas Armadas Nacionales, desempeñen su papel de manera profesional y sin militancia política alguna, al servicio exclusivo  de la Nación y en ningún caso a persona y parcialidad política, y en fidelidad de su juramento a la Bandera. Es por ello que en situación como la actual, deben dejar de lado todo aquello que los desvíe de su misión Constitucional, y contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado Constitucional de Derecho y de Justicia. No deben olvidar que son además parte integrante de ese pueblo cansado de tantas injusticias.

¿Qué puede, y debe, hacer el pueblo democrático ante esta situación?

Evidentemente, ante el vacío de poder, de legalidad y legitimidad de origen y de desempeño de quien ostenta la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, y de legitimidad y actuación contraria al pueblo de todos los Órganos del Poder Público, sin excepción, y de una cúpula de las Fuerzas Armadas Nacionales que al margen de sus deberes constitucionales se han colocado al servicio del régimen, e identificado con su sistema político antidemocrático, el pueblo venezolano, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia del Estado de Derecho y de Justicia, y dar cumplimiento al mandato que le impone la Constitución Nacional, en su Artículo 350, y desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”. 

No le queda otra alternativa al pueblo que:

• Celebrar Cabildo abierto del pueblo, en un mismo día y hora preestablecida, asistido por los líderes naturales que surjan en su seno, en lugares públicos de sus comunidades, urbanizaciones barrios, centros sociales, campos y canchas deportivas, a la salida de las iglesias, en academias, asociaciones, colegios profesionales, para leer un manifiesto público y jurar dar cumplimiento a las obligaciones que nos impone la Constitución Nacional en su Artículo 350 y Artículo 333, y no cesar en el empeño, hasta tanto todos quienes tienen culpa en el desastre en que han sumido al país, renuncien a sus cargos y se marchen en sana paz.

• Enviar aviso a la Asamblea Nacional, como única representación constitucional, por el momento, de la voluntad y soberanía del pueblo democrático, de haber celebrado cabildo abierto, comunitariamente como afirmación de estar organizados y activados como ciudadanos, para respaldar y ponerse a la orden para las acciones que deba realizar dicha Asamblea Nacional, para el cumplimiento de los objetivos imperativos, y en ejercicio de su poder constituyente.

• Tomar como admitida la doble nacionalidad del Presidente, en este caso colombiana y venezolana, visto el silencio presidencial de evacuar las pruebas en descargo, y declarar la “falta absoluta” del presidente Nicolás Maduro Moros, y en consecuencia, la cesación del Presidente en el ejercicio del cargo, y se proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 233 de la Constitución Nacional a una nueva elección dentro de los 30 días consecutivos siguientes.

• Ordenar cesar en su ejercicio. Todos y cada uno de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y se designen magistrados provisionales para que reconstruyan la majestad de este Tribunal.

Estos pronunciamientos deja sin efecto legal y legítimo, transformando en írritos, todos y cada uno de los actos administrativos efectuados por Nicolás Maduro desde que se juramentó en el cargo de presidente de la República,

Caracas; 7 de Mayo de 2016